Una medida cautelar que protege la producción local
La Intendencia de San José ha reiterado la vigencia de una medida cautelar que prohíbe las prospecciones mineras en el departamento, en respuesta a un reciente permiso otorgado por la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) a la empresa Perforaciones San José SRL. Esta situación ha generado inquietud en la comunidad, especialmente entre los productores locales, que temen un impacto negativo en sus actividades agrícolas y ganaderas.
El oficio emitido por el gobierno departamental, al que tuvieron acceso nuestros colegas del programa ProCampo de Radio 41, deja claro que, de acuerdo con la Resolución Nº 3018 del 21 de mayo de 2014, existe un “impedimento de orden legal” para llevar a cabo prospecciones en suelos rurales. Esta resolución fue promulgada en el contexto de la protección de suelos catalogados como “rural productivo” y “rural natural”, que son fundamentales para la agricultura y la ganadería del departamento.
La medida cautelar surge ante la intención de la empresa Perforaciones San José SRL de explorar una vasta área de 2.500 hectáreas en las zonas de Chamizo y San Gregorio, donde actualmente se desarrollan actividades productivas en agricultura, lechería y en otros rubros ganaderos. El objetivo de la prospección es la búsqueda de yacimientos de minerales como oro, grafito, plomo, zinc y antimonio, lo que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad local.
La preocupación de los productores locales
Días atrás, la Asociación Rural de San José también se pronunció en defensa de la medida cautelar, recordando a los propietarios de los padrones afectados que no están obligados a permitir el ingreso a sus tierras para actividades mineras. “La nueva gestión de prospección ha reavivado la preocupación entre los productores, que temen por el desplazamiento de sus actividades y la destrucción de sus tierras”, afirmó Agustín Álvarez, presidente de la gremial ruralista.
Álvarez recordó que hace aproximadamente diez años, el departamento de San José había tenido en prospección alrededor de 70,000 hectáreas, es decir, el 13% de su superficie total. Este antecedente alimenta las preocupaciones actuales sobre el impacto que tendría una nueva oleada de exploraciones mineras en la economía local.
“Es fundamental proteger nuestras tierras, ya que son la base de nuestra producción. La posibilidad de que las prospecciones mineras se reanuden pone en riesgo no solo la economía de los productores, sino también la seguridad alimentaria de la región”, agregó Álvarez. Esta inquietud se refleja en un creciente sentimiento de defensa del territorio entre los habitantes de San José, que ven en las actividades mineras una amenaza para su modo de vida.
Priorizando la producción agropecuaria
La incompatibilidad entre la actividad minera y la producción agropecuaria en San José no es un caso aislado, sino que forma parte de un debate más amplio, que concierne a la protección de la producción agropecuaria y el uso racional de los recursos naturales. La normativa vigente que protege los suelos rurales se establece con el fin de garantizar la viabilidad a largo plazo de la agricultura y la ganadería, sectores que son pilares fundamentales de la economía local.
La Intendencia de San José ha enfatizado que la categorización del territorio como “rural productivo” o “rural natural” es clave para la toma de decisiones relacionadas con el uso del suelo. Según su comunicado, “el territorio rural del departamento de San José ha sido categorizado por rural productivo o rural natural, lo que determina que existe un impedimento de orden legal para que se proceda a la prospección, exploración y explotación de los yacimientos en suelos rurales del Departamento de San José”.
